AMLO malo por querer deshipotecar a la CFE.

De la serie “Los motivos del lobo, que diga, de la BOA”.

12ª Parte

01 de julio de 2020

Por Javier Herrera

El Gobierno Federal había llegado, a finales de agosto de 2019, a un acuerdo preliminar con cuatro de las compañías privadas de energía para destrabar los contratos de gasoductos: IEnova, Transcanadá, Fermaca y Grupo Carso. La de Carlos Slim fue la firma con la mejor disposición para llegar a un arreglo y la que animó a las otras a buscarlo y desistir del arbitraje internacional con sede en Londres al que habían recurrido antes de que lo hiciera la Comisión Federal de Electricidad.

Pero en medio de esas negociaciones, el juzgado VII de Distrito en Sonora rechazó en definitiva un amparo que habían solicitado las autoridades yaquis de Loma de Bácum contra el gasoducto Guaymas-El Oro, que construía la empresa IEnova, a cargo del ex Secretario de Comunicaciones y Transportes Carlos Ruiz Sacristán.

Las otras empresas ya estaban de acuerdo en renegociar los contratos. Sin embargo, al mismo tiempo, con excepción del Grupo Carso, mantuvieron un pie en los tribunales de Londres para demandar pagos improcedentes. La CFE había acudido al arbitraje internacional para solicitar la anulación de algunas cláusulas de los contratos y medidas cautelares, como el congelamiento de 450 millones de dólares que estaban en garantía hasta el momento en que se terminara uno de los gasoductos.

Los desencuentros eran inevitables. Más aún cuando en junio de 2020 se debió haber entregado, ya terminado, el gasoducto Texas-Tuxpan, el cual debió haberse concluido en junio de 2018, pero recorrieron la fecha de terminación hasta el mes de abril de este año; pero tampoco cumplieron, y volvieron a recorrer la entrega a junio del presente año. Pero aunque así hubiera sido, de todas maneras ese gasoducto no serviría de nada.

El gasoducto Texas-Tuxpan se concibió para llevar gas a una termoeléctrica en Veracruz que operaría con gas, pero esa termoeléctrica no se construyó. Existe, sí, una termoeléctrica, pero la planta funciona a partir de combustóleo. El gobierno peñista elaboró un plan para volverla de ciclo combinado, es decir, que pudiera funcionar con gas y combustóleo, pero no lo concretaron.

Esta aberración no fue la única. En la entrega anterior, el 30 de junio, mencioné otras, como pagar por un gasoducto como si estuviera operando porque su construcción se haya suspendido “por causa de fuerza mayor”, como un conflicto derivado de los terrenos por donde va a cruzar, siguiendo una ruta que la misma constructora decide, a sabiendas de que habrá problemas en esa trayectoria.

Además, el Director General de la CFE, Manuel Bartlett, encontró 24 contratos por gasoductos que, funcionen o no funcionen, se les debe pagar una renta que asciende a 846 mil millones de pesos, lo que significa mantener hipotecada a la CFE hasta el año 2043. Para colmo de males, no todos los gasoductos se han concluido y los que están terminados, desde que entraron en operación han sido subutilizados. Sólo se aprovecha el 8% de los gasoductos, es decir, nada. En otras palabras, la CFE está condenada a pagar por casi nada.

Por eso Bartlett y el Presidente López Obrador decidieron buscan, al revisar esos contratos, modificarlos para no atar el futuro de la CFE a esa pesada carga financiera que sólo beneficia a las compañías de energía que han construido esos gasoductos, en perjuicio de los mexicanos, pues lejos de abaratar el costo de la energía eléctrica, la han encarecido, al imponerle a la CFE esa injusta hipoteca. Ellos toman todo mientras todos los mexicanos ponen.

Una carga que soslayan las empresas –básicamente extranjeras– que fueron beneficiadas así con la Reforma Energética, al crear el gobierno de Peña Nieto, dentro de la propia Comisión Federal de Electricidad, a las empresas privadas CFE International y CFE Energía S.A. de C.V. para administrar la construcción de los gasoductos, el almacenamiento y la distribución del gas, así como las tarifas, porque los gasoductos no sólo llevan gas a las termoeléctricas de la CFE, sino también a la industria.

Por eso han tratado de desprestigiar a Bartlett (remember Loret de Mola), porque lo ven como un ogro, a pesar de que siete tramos de los gasoductos en construcción están parados, y una de las cláusulas de los contratos obliga a la CFE a pagarles renta a las constructoras como si estuvieran en funcionamiento, lo que implica una erogación de 21 mil millones de dólares nada más por esos siete gasoductos. Lo cierto es que el escenario es ejemplo fidelísimo de la mano laxa con que atendió el gobierno anterior a las firmas que le entraron al juego de pegarle a la piñata.

Guillermo Turrent, a cargo de CFE Energía y CFE International, con sede en Houston, le cargaba las pérdidas a la CFE y le dejaba las ganancias a las primeras. Fue cesado a principios de 2020 por no entregar la información requerida. Personas afines a él que permanecen dentro de la CFE boicotean el rastreo y seguimiento de la información que engendró esa hipoteca.

Una pesada hipoteca que se niegan a ver o ignoran los integrantes del BOA –incluidos los pseudoperiodistas como Leo Zukerman, León Krauze y Pablo Hiriart; los Jorge Castañeda y Héctor Aguilar Camín, y su fascista brazo Frente Nacional Anti AMLO, que al odiarlos se ponen del lado de las empresas fraudulentas con esos contratos que sangran a la CFE y a México, en lugar de respaldar a la empresa pública o por lo menos, no estar contra ella, su Director General y AMLO, porque al estarlo, están contra la mayoría de los mexicanos.

En la próxima entrega les hablaré de otro ardid para huachicolear el erario público a través de la CFE, el de las energías renovables.