Los motivos del Lobo, que diga, de la BOA (11a. parte)

GOBIERNOS ANTERIORES LE ATARON LAS MANOS A LA CFE ANTE CONSTRUCTORES DE GASODUCTOS

De la serie “Los motivos del lobo, que diga, de la BOA”

30 de junio de 2020

Por Javier Herrera

Hace un año, columnistas y articulistas malquerientes de AMLO –y que hoy son integrantes del BOA– decían que en qué brete había metido Manuel Bartlett al gobierno de la 4T al llevar los contratos de firmas constructoras de gasoductos al arbitraje internacional. Los empresarios –afirmaban– veían en esto otro factor de incertidumbre para las inversiones y se preguntaban si Bartlett aplicaba la máxima de ojo por ojo y diente por diente.

Es decir, los que disparan sus plumas de acuerdo a sus intereses de clase o de grupo o por lo que reciben a cambio y no por convicción, estaban sufriendo por las empresas privadas, no por la empresa pública; por el bien de particulares, no por el bien común, porque esos contratos –firmados con anterioridad al actual gobierno, cuando Enrique Ochoa Reza era el Director General de la Comisión Federal de Electricidad– les daban todas las ventajas a los constructores para llevar gas a termoeléctricas y le ataban las manos a la CFE en esta modalidad para generar energía eléctrica.

Pero la CFE tuvo que llevar los contratos al arbitraje internacional no porque Bartlett sea un ogro, sino forzada por las circunstancias, como una medida espejo: primero, porque la ley y los contratos lo permitían, y segundo, porque las firmas participantes en la construcción de siete gasoductos fueron las primeras en recurrir al arbitraje. La demanda de la CFE buscaba la nulidad de algunas cláusulas y respondía a las medidas que tomaron primero las firmas.

El Consejo Coordinador Empresarial, CCE, y el Consejo Mexicano de Negocios, CMN, le pidieron al Presidente el 2 de julio de 2019 su intervención para buscar una solución. López Obrador, que se ha caracterizado por su espíritu conciliador, estuvo de acuerdo en que se renegociaran los contratos y si no se llegaba a un acuerdo, se continuaría por la vía legal.

El Presidente aceptó porque consideró que los representantes empresariales son honestos y tampoco permitirían que hubiera corrupción.

Debemos recordar que el ex titular de Hacienda, Carlos Urzúa, confirmó en una entrevista a Proceso que renunció, entre otras cosas, porque no estaba de acuerdo con la construcción de la refinería de Dos Bocas, la cancelación del aeropuerto de Texcoco y era partidario de que se respetaran los contratos leoninos de los gasoductos con la CFE, mismos que había autorizado la Comisión Reguladora de Energía, CRE.

El Gobierno de la 4T enfrentó enormes presiones. Por ejemplo, el gobierno de Estados Unidos ya estaba respaldando, con todo lo que ello implica en cuestión de fuerza, a la empresa IEnova, al tiempo que Transcanada exigía 250 millones de dólares a la CFE apoyándose en lo dicho por Carlos Urzúa a Proceso. También, si no se llegaba a un acuerdo, la CFE debería seguir pagando 30 millones de dólares a cada una de cuatro empresas constructoras de gasoductos.

Pero además, no tenía caso construir el gasoducto Texas-Tuxpan, porque aún cuando se termine, no podrá entregar el gas a nadie, ya que era para una termoeléctrica que nunca construyeron los gobiernos anteriores.

Ochoa Reza se defendió diciendo que los gasoductos servirán a México para garantizar el abasto de gas y evitar desabastos y apagones, en referencia mañosa al problema de apagones que ha sufrido Yucatán, pero ocurre que a Yucatán le abastece el gasoducto Mayacán. Nunca hicieron un gasoducto para el Suretes, porque el sureste no les interesaba.

Con la desventaja para la CFE de que las cláusulas de pago por casos fortuitos de fuerza mayor, se introdujeron alevosamente para que las empresas construyeran los ductos por lugares donde ya sabían que iba a haber problemas. Los directores de la CFE –Ochoa Reza– y la CRE estaban de acuerdo en que fueran las empresas las que decidieran por dónde iban a pasar los ductos.

Ojo, y que ellas mismas consiguieran los permisos, que luego las secretarías de Estado se los iban a negar, precisamente por esos problemas. Ellas, por tanto, iban a tener chance de cobrar como si ya estuvieran abasteciendo el gas mientras no se resolvieran los problemas, al amparo de la cláusula “por caso fortuito de fuerza mayor”.

Con esa negociación, la CFE iba a recuperar 4,500 millones de dólares, de un total de 12 mil millones de dólares que costaban originalmente los contratos de gasoductos impugnados por la CFE. Se pensó en ese momento que se evitaba un largo, tal vez larguísimo, conflicto legal en tribunales internacionales y con un resultado incierto.

Pero el hombre propone, Dios dispone, llega el diablo y todo lo descompone. Mañana les hablaré del derrotero que siguió el conflicto con las empresas constructoras de gasoductos.

Imagen: de la webpage de CFE.